Autonomous-community police

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Boletín Oficial del Estado (boe.es), BOE-A-1986-6859 · Legislation · 1986-03-13 · link verified 2026-07-26

The organic law of the security forces, read in full for the relevant articles. Supports the THREE tiers of security forces: the Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (national), the police of the Autonomous Communities, and the local police. Names the two national forces (art. 9): 'a) El Cuerpo Nacional de Policía, que es un Instituto Armado de naturaleza civil, dependiente del Ministro del Interior. b) La Guardia Civil, que es un Instituto Armado de naturaleza militar...' — so the Guardia Civil is a militarily-organised force, not merely rural police. Provides the framework within which the Autonomous Communities that so provide in their Statutes create their own police forces.

Constitución Española de 1978

Boletín Oficial del Estado (boe.es), BOE-A-1978-31229 · Legislation · 1978-12-29 · link verified 2026-07-26

The authoritative Castilian text, read in full. Supports: art. 2 (the indissoluble unity of the Spanish Nation and the right to autonomy of the nationalities and regions); art. 137 (the State organised into municipalities, provinces and Autonomous Communities); art. 145.1 ('En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas' — federation is constitutionally forbidden, so Spain is a decentralised UNITARY state); art. 148 (competences the Communities MAY assume) and art. 149.1 (the State's EXCLUSIVE competences), including art. 149.1.6 ('Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal' — criminal, penitentiary and procedural LEGISLATION is exclusively the State's), art. 149.1.5 (Administration of Justice), and art. 149.1.29 (public security, 'sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas' — the basis for autonomous police); art. 104 (security forces under the Government); art. 117.5 ('El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales' — judicial unity); art. 122 (the Consejo General del Poder Judicial as the judiciary's governing body); art. 123 (the Tribunal Supremo, 'con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes'); art. 124 (the Ministerio Fiscal, national, acting under unidad de actuación y dependencia jerárquica); art. 152.1 (a Tribunal Superior de Justicia culminating the judicial organisation in each community, without prejudice to the Supreme Court); and arts. 24-25 (due-process and penal principles). WAVE 19 ADDITION, read from the same authoritative Castilian text. Supports art. 53.1, that the rights and liberties recognised in Chapter Two bind all public powers and may be regulated only by law respecting their essential content, protected in accordance with art. 161.1.a); and art. 53.2 in terms: "Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional" — protection is sought first before the ORDINARY courts by a preferential and summary procedure, and where appropriate thereafter by amparo before the Constitutional Court. Supports art. 54, that an organic law regulates the Defensor del Pueblo as high commissioner of the Cortes Generales for the defence of the rights in that Title, who may supervise the activity of the Administration and reports to the Cortes. Cited for the SEQUENCE — ordinary courts first, constitutional court where appropriate — and not for any claim about admissibility criteria or outcomes. WAVE 20 ADDITION. Read from the same authoritative Castilian text on the BOE. Spain writes the emergency architecture into the constitution itself in more detail than almost any system in this wave. Supports Constitución Española de 1978, Art. 116(1): “1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.”. Supports Constitución Española de 1978, Art. 116(2), (3) and (4): “2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. 3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. 4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.”. Supports Constitución Española de 1978, Art. 55(1): “1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.”. Supports Constitución Española de 1978, Art. 116(5); cf. Ley Orgánica 4/1981 Art. 1.Cuatro ("La declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado."): “5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.”. Supports Constitución Española de 1978, Art. 117(5)-(6); Ley Orgánica 4/1981 Art. 35 ("En la declaración del estado de sitio el Congreso de los Diputados podrá determinar los delitos que durante su vigencia quedan sometidos a la Jurisdicción Militar."): “5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. 6. Se prohíben los Tribunales de excepción.”. Cited for the three graded regimes, the closed list of suspendable rights and the express bar on suspension under the estado de alarma, the institutional-continuity guarantee, and the confinement of military jurisdiction. It records no declaration and supports no claim about any other country.WAVE 21 ADDITION. Read from the same BOE consolidated text, article by article. Supports Art. 17(1)-(4): “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» [...]” Supports Art. 18(1)-(4): “1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.” Supports Art. 19, and specifically its rights-holder wording: “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional” — against Art. 17(1)'s “Toda persona”. Supports Art. 24(1)-(2), including the right to effective judicial protection without indefensión, and the rights “al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”. Supports Art. 24(1) verbatim, including the phrase quoted on the equality-of-arms page: “1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.” Supports Art. 53(1) AND 53(2): “1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a). 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.” Constitutional text only — no decision of the Tribunal Constitucional, no provision of the Ley de Enjuiciamiento Criminal, nothing about any other country.

Constitution of Kenya, 2010

National Council for Law Reporting (Kenya Law), for the Republic of Kenya · Legislation · 2010 · link verified 2026-07-27

The Constitution of Kenya, 2010 (in force 27 August 2010), retrieved as the full official Kenya Law (National Council for Law Reporting) text and confirmed verbatim in two independent passes, including a direct read of the Fourth Schedule. Supports: Art. 1–2 (sovereignty of the people; the Constitution is supreme and any inconsistent law void); Art. 59 (the Kenya National Human Rights and Equality Commission, and 59(4) allowing legislation to restructure it into separate commissions — the hook for the KNCHR/NGEC/CAJ split, and 59(2)(h) the ombudsman-type function); Art. 156 (the Attorney-General as principal legal adviser, who does not conduct criminal prosecutions); Art. 157 (the Director of Public Prosecutions — 157(4) power to direct the Inspector-General to investigate; 157(5) a single non-renewable eight-year term; 157(10) not requiring any person's consent and not under the direction or control of any person or authority); Art. 160 (judicial independence — courts subject only to the Constitution and the law); Art. 162–163 (the superior courts and the Supreme Court as apex, bound-by rule 163(7)); Art. 165 (the High Court — 165(3)(a) unlimited original jurisdiction, 165(3)(d) jurisdiction to determine whether any law is inconsistent with the Constitution — diffuse constitutional review); Art. 170 (the Kadhis' courts, limited to Muslim personal-status matters where all parties profess Islam); Art. 171–172 (the Judicial Service Commission); Art. 243–246 (the National Police Service as one national service throughout Kenya, the two services, the Inspector-General's independent command under 245(2)(b), the direction firewall under 245(4), and the National Police Service Commission); and the Fourth Schedule Part 1 items 7 (police services, criminal law and correctional services) and 8 (courts), which place all four justice functions in the national government. Establishes constitutional supremacy and that, despite devolution to 47 counties, courts, prosecution, police and prisons are all national functions. WAVE 19 ADDITION, read from the same official Kenya Law text: Art. 50(4) in full — "Evidence obtained in a manner that violates any right or fundamental freedom in the Bill of Rights shall be excluded if the admission of that evidence would render the trial unfair, or would otherwise be detrimental to the administration of justice." Note the conditional structure: exclusion follows from a judgment about the effect of admitting the evidence, not automatically from the fact of the violation. WAVE 20 ADDITION. Read from the same official Kenya Law text. Supports Constitution of Kenya, 2010, Article 58(1): “58. State of emergency (1) A state of emergency may be declared only under Article 132 (4) (d) and only when— (a) the State is threatened by war, invasion, general insurrection, disorder, natural disaster or other public emergency; and (b) the declaration is necessary to meet the circumstances for which the emergency is declared.”. Supports Constitution of Kenya, 2010, Article 132(4)(d)-(e): “132. Functions of the President ... (4) The President may— (a) perform any other executive function provided for in this Constitution or in national legislation ...; (b) receive foreign diplomatic and consular representatives; (c) confer honours in the name of the people and the Republic; (d) subject to Article 58, declare a state of emergency; and (e) with the approval of Parliament, declare war.”. Supports Constitution of Kenya, 2010, Article 58(2)-(3): “(2) A declaration of a state of emergency, and any legislation enacted or other action taken in consequence of the declaration, shall be effective only— (a) prospectively; and (b) for not longer than fourteen days from the date of the declaration, unless the National Assembly resolves to extend the declaration. (3) The National Assembly may extend a declaration of a state of emergency— ... (b) for not longer than two months at a time.”. Supports Constitution of Kenya, 2010, Article 58(3)-(4): “(3) The National Assembly may extend a declaration of a state of emergency— (a) by resolution adopted— (i) following a public debate in the National Assembly; and (ii) by the majorities specified in clause (4); and (b) for not longer than two months at a time. (4) The first extension of the declaration of a state of emergency requires a supporting vote of at least two-thirds of all the members of the National Assembly, and any subsequent extension requires a supporting vote of at least three-quarters of all the members of the National Assembly.”. Supports Constitution of Kenya, 2010, Article 58(5): “(5) The Supreme Court may decide on the validity of— (a) a declaration of a state of emergency; (b) any extension of a declaration of a state of emergency; and (c) any legislation enacted, or other action taken, in consequence of a declaration of a state of emergency.”. Supports Constitution of Kenya, 2010, Article 58(6): “(6) Any legislation enacted in consequence of a declaration of a state of emergency— (a) may limit a right or fundamental freedom in the Bill of Rights only to the extent that— (i) the limitation is strictly required by the emergency; and (ii) the legislation is consistent with the Republic’s obligations under international law applicable to a state of emergency; and (b) shall not take effect until it is published in the Gazette .”. Supports Constitution of Kenya, 2010, Article 25: “25. Fundamental Rights and freedoms that may not be limited Despite any other provision in this Constitution, the following rights and fundamental freedoms shall not be limited— (a) freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; (b) freedom from slavery or servitude; (c) the right to a fair trial; and (d) the right to an order of habeas corpus .”. Supports Constitution of Kenya, 2010, Article 241(3); cf. Article 240(8): “(3) The Kenya Defence Forces— (a) are responsible for the defence and protection of the sovereignty and territorial integrity of the Republic; (b) shall assist and cooperate with other authorities in situations of emergency or disaster, and report to the National Assembly whenever deployed in such circumstances; and (c) may be deployed to restore peace in any part of Kenya affected by unrest or instability only with the approval of the National Assembly.”. CORRECTION TO A COMMON MISSTATEMENT, verified against the text: the escalating extension thresholds in Article 58(3) are TWO-THIRDS and then THREE-QUARTERS of all the members of the National Assembly, not two-thirds and then sixty-five per cent. Note also that Article 58(6) speaks of LIMITING a right rather than derogating from one, and that Article 25 lists rights that “shall not be limited” at all. This record supports the declaration, extension, review and limitation architecture; it records no state of emergency and supports no claim about any other country.WAVE 21 ADDITION. Read from the same Kenya Law text, Chapter Four article by article. Supports Art. 24(1), the limitation clause: a right shall not be limited “except by law, and then only to the extent that the limitation is reasonable and justifiable in an open and democratic society based on human dignity, equality and freedom, taking into account all relevant factors, including — (a) the nature of the right or fundamental freedom; (b) the importance of the purpose of the limitation; (c) the nature and extent of the limitation; (d) the need to ensure that the enjoyment of rights and fundamental freedoms by any individual does not prejudice the rights and fundamental freedoms of others; and (e) the relation between the limitation and its purpose and whether there are less restrictive means to achieve the purpose.” Supports Art. 24(2), which is the provision that distinguishes Kenya's clause from South Africa's: a limiting provision enacted or amended on or after the effective date “is not valid unless the legislation specifically expresses the intention to limit that right or fundamental freedom, and the nature and extent of the limitation” (24(2)(a)); shall not be construed as limiting unless clear and specific (24(2)(b)); and “shall not limit the right or fundamental freedom so far as to derogate from its core or essential content” (24(2)(c)). Supports Art. 24(3): “The State or a person seeking to justify a particular limitation shall demonstrate to the court, tribunal or other authority that the requirements of this Article have been satisfied.” Supports Art. 24(5), that legislation may limit the application of Arts. 31, 36, 37, 41, 43 and 49 to persons serving in the Kenya Defence Forces or the National Police Service. Supports Art. 27(1): “Every person is equal before the law and has the right to equal protection and equal benefit of the law.” Supports Art. 31 verbatim: “Every person has the right to privacy, which includes the right not to have — (a) their person, home or property searched; (b) their possessions seized; (c) information relating to their family or private affairs unnecessarily required or revealed; or (d) the privacy of their communications infringed.” Supports Art. 49(1), rights of arrested persons, including (a) to be informed promptly, in a language the person understands, of the reason for the arrest, the right to remain silent, and the consequences of not remaining silent; (b) to remain silent; (c) to communicate with an advocate and other persons whose assistance is necessary; (d) not to be compelled to make any confession or admission that could be used in evidence; (f) to be brought before a court as soon as reasonably possible but not later than 24 hours after being arrested, or the end of the next court day where the 24 hours end outside ordinary court hours; and (h) to be released on bond or bail on reasonable conditions unless there are compelling reasons not to be. Supports Art. 50(1), the right of every person to have a dispute resolvable by the application of law decided in a fair and public hearing before a court or, if appropriate, another independent and impartial tribunal or body. Supports the RIGHTS-HOLDER observation that these provisions are worded “Every person” and “An arrested person”. Constitutional text only — no decision of the Kenyan courts, no statute, nothing about any other country.

Crime Prevention and Criminal Justice

United Nations Office on Drugs and Crime · International organisation · link verified 2026-07-23

Supports the existence of the UN crime prevention and criminal justice programme and its standards-and-norms work across policing, courts, and prisons. Does not support any country-level claim.